¿Sanidad pública o dictadura sanitaria? ¿Y qué sucede en Catalunya?
Segunda parte del artículo de Àngels Martínez Castells y Albano Dante Fachín, La primera parte del documento aquí.
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¿Y qué sucede en Catalunya?
Tampoco en los hospitales concertados catalanes podemos apreciar ningún beneficio derivado de una supuesta competitividad. Al contrario. Las hipotéticas mejoras, que podrían comportar nuevos y mejores contratos para más personal sanitario, para atender mejor a los pacientes…, pueden ir a parar —y en muchos casos van— a las cuentas de resultados de empresas privadas propiedad de algún amigo. O a las contabilidades B de los corruptos que el sistema conlleva. También en Catalunya, los asesores tecnócratas han sido los que traspasan sin vergüenza alguna las puertas giratorias que confunden el sector privado y el público de la sanidad, y defienden los intereses de las empresas, inversores, corporaciones, laboratorios o industrias farmacéuticas y químicas en la sanidad pública. Durante este año 2012, hemos podido verlo —y sufrirlo— en Catalunya. Hemos visto cómo, en el año 1995, un gestor de una entidad sin ánimo de lucro (Ramon Bagó) cerraba la cocina del hospital de Mataró y la adjudicaba a su propia empresa (el grupo SEHRS). Hemos visto cómo este mismo gestor recibía contratos irregulares por valor de 12 millones de euros de manera irregular. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión mejor– un responsable sanitario contrataba informes falsos a la empresa de otro gestor por valor de 800.000 euros. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión magnífica– dos hospitales comarcales se gastaban 330.000 euros en alquileres, comisiones, viajes y restaurantes, de los cuales nadie ha podido ver ni una sola factura… Hemos visto tantas cosas, que podríamos llenar unas cuantas hojas más como ésta.
Y a pesar de todas estas evidencias, y llevados por un momento de bondad, supongamos que –tal como ellos mismos pregonan– esta élite en gestión sanitaria tiene la varita mágica de la gestión. Aceptemos, por un momento, que sus conocimientos “de experto” consiguen ahorrar en la prestación de servicios sanitarios. ¿Qué beneficio obtiene el ciudadano de esta supuesta excelencia si, después, los ahorros conseguidos, en vez de repercutir en la mejora de los servicios, se apartan de la gestión de lo que es público, de todas y todos, y van a parar directamente a la cuenta de resultados, o a las empresas privadas, o a las contabilidades B, o a los bolsillos de los amigos, de sus intereses y de la sanidad privada? También en Catalunya, gracias a su docta gestión, las listas de espera se han disparado como nunca, y empeoran las condiciones de vida de la gente que espera entrar en un quirófano. Además, en Catalunya tenemos, desgraciadamente, víctimas de los “ahorros” y de los recortes de la estafa. Lo pueden negar desde la Conselleria de Salut, pero también —como en Valencia— acabarán saliendo cifras y nombres… La lástima es que ya no se podrá evitar el desastre.
Y, por otro lado, ¿qué incentivos tienen estos “expertos” para hacer su trabajo y recomendar, por ejemplo, el desmantelamiento del Institut Català de la Salut? (Hablamos del informe de la consultora PWC, hecho según Boi Ruiz gratis et amore). ¿Qué esperan, a cambio de su asesoría, de sus informes? ¿El reconocimiento de la ciudadanía? ¿La aprobación boquiabierta del Parlament? ¿O, en cambio, el premio es el ascenso, el privilegio, una sensación de poder —que, desgraciadamente, hace que las cosas empeoren— y la presunta comisión furtiva? Estas preguntas nos llevan a la tercera disyuntiva…
Consejos de administración vs control democrático
¿Quién vigila el trabajo de nuestros “expertos”? ¿Quién marca los objetivos de los “expertos” y controla que su gestión sitúe la salud de la ciudadanía en el centro del sistema? ¿A quién tienen que dar cuenta de sus actos y de las consecuencias sociales de éstos? En Catalunya, un diputado del Parlament, la máxima representación del poder popular, no tiene ninguna potestad ni autoridad para pedir explicaciones sobre lo que hacen los gestores de los hospitales concertados. Por ejemplo, si un diputado pregunta por la cuantía de los contratos recibidos por un empresario estrechamente ligado a CiU, la respuesta es: «Estos hospitales no dependen directamente de la Generalitat y, por lo tanto, no disponemos de esta información». Es decir, que la mitad del mayor presupuesto de la Generalitat —la que corresponde al sector concertado— está totalmente fuera del control ciudadano. Y no hablamos de comités de barrio ni de asambleas revolucionarias al estilo chavista. No. Hablamos del Parlament de Catalunya, que, gracias a la privatización de la gestión sanitaria, se convierte en un envoltorio sin capacidad fiscalizadora real y —lo que es aún peor— sin capacidad alguna para imponer directrices ni objetivos. De este modo, nos damos cuenta de que la “política sanitaria” ya no se decide ni en los ayuntamientos ni en los parlamentos, sino en los consejos de administración de entidades donde el interés general aparece siempre —si aparece— después del interés de accionistas o de los empresarios amigos que tienen que recibir su contrato anual.
Para escapar de cualquier control, incluso se escabullen de la Sindicatura de Comptes, porque, si el síndico más honesto consigue superar los “amiguismos” políticos y las sociovergencias que todo lo tapan, se puede encontrar con una formidable muralla legal: el servicio del hospital concertado o contratado puede ser público, pero el contrato se ha firmado acogiéndose al derecho privado. Y, en ese caso, únicamente el Tribunal de Cuentas (otro órgano de dudosa eficacia y escasísima transparencia) pueda quizá decir algo —tarde y, probablemente, mal–, con la tara, además, de que “atenta contra nuestra soberanía”. Porque lo que queda claro en sanidad es que nuestro derecho a decidir, el ejercicio del derecho de autodeterminación, como lo entiende la sociovergencia, pasa necesariamente por el hecho de que el mal gobierno de Catalunya pueda maltratar y privar de sus derechos a nuestros enfermos y a nuestras enfermas. Y si os cuesta creerlo, sólo tenéis que ver en la hemeroteca los aspavientos que se hicieron cuando el Tribunal Constitucional, desde Madrid, derogó, con argumentos que no son los nuestros, el euro por medicamento…
Tendencias deseables
Evidentemente, la actual gestión directa de los servicios sanitarios —representada en Catalunya por el ICS— presenta importantes deficiencias en materia de transparencia. Pero mientras que la capacidad ciudadana de fiscalizar y controlar la gestión que se realiza en el ICS es muy, pero que muy, limitada, controlar lo que se hace en el sector concertado es totalmente imposible. En lo referente a la eficacia —mantra de los “expertos” sanitarios—, es cierto que al sector netamente público le queda mucho camino por recorrer y muchas mejoras por interiorizar. Pero no es menos cierto que es prácticamente imposible medir esta “eficacia” en los centros concertados, que escapan totalmente de la fiscalización de gestión y de resultados de las instituciones democráticas, cosa que convierte en un dogma de fe la mejor gestión que hacen nuestros expertos.
Pero más allá de esto, hay un aspecto en el cual un sistema de gestión directa, de gestión pública de lo público, siempre será mejor que el más eficaz de los equipos de gestión privada: y es que pase lo que pase, se produzcan los problemas que se produzcan, éstos siempre podrán ser discutidos, debatidos y solucionados de manera democrática, ciudadana y soberana.
Para conseguirlo, sólo nos es necesario ahondar más en el funcionamiento democrático de las instituciones y, sobre todo, necesitamos una ciudadanía con empoderamiento, participativa y que crea de verdad que la política debe velar por sus necesidades, mejorar el ejercicio de sus derechos y responder con claridad y sin excusas delante del pueblo. Nuestra sanidad no tiene sólo que vendar nuestras heridas, sino que debe ayudar a cohesionar a nuestra sociedad, a mejorar la equidad, a reducir las diferencias.
Albano Dante, Fundador y director de la revista Cafèambllet
Angels Martínez i Castells, Presidenia de Dempeus per la salut pública
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