Puig, actualmente en el ayuntamiento de Barcelona, es uno de los hombres del núcleo más cercano a Mas, y su imputación es el último caso de presunta corrupción que sacude a la formación nacionalista.
Son varios los frentes judiciales a los que ha tenido que hacer frente CiU durante ésta legislatura. Ex-altos cargos del Govern de Pujol, directivos de la sanidad pública catalana colocados por el Govern de Mas, o hasta el propio líder de CDC, Oriol Pujol, se han visto implicados en supuestos casos de corrupción y están siendo investigados por la Justicia.
La agenda independentista impulsada por el president Mas tras la manifestación de la Diada, sin embargo, ha relegado de la actualidad política catalana estos episodios, que tan sólo reaparecen en algunas intervenciones de ICV-EUiA o Ciutadans. El avance electoral y la consecuente disolución del Parlament, además, han finiquitado las comisiones de investigación de la cámara destinadas a aportar algo de luz sobre estos casos, que siguen su curso en los tribunales. A continuación se detallan los casos más relevantes.
El saqueo del Palau
El expolio del Palau de la Música Catalana y las diversas causas judiciales que se han derivado han salpicado de lleno a varios pesos pesados de Convergència Democràtica (CDC). Uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en Catalunya, con el desvío de más de 30 millones de euros de los fondos públicos del Palau, no sólo ha implicado a altos cargos convergentes, sino al propio partido. Tanto es así, que en julio de este año, el juez Josep Maria Pijuan impuso una fianza de 3,2 millones a CDC por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo de la institución.
El magistrado considera que hay “indicios” de que el partido liderado por Oriol Pujol se financió de forma irregular. Por un lado, en base a “entregas opacas de dinero en efectivo” efectuadas por el ex-presidente del Palau, Fèlix Millet, y quien fue su mano derecha, Jordi Montull. Para ello podrían haber contado con la colaboración del entonces tesorero del partido, Carles Torrent, -ya fallecido- y su sucesor, Daniel Osácar, que ha sido imputado en el caso.
En el sumario del caso, el Palau aparece como intermediario de presuntos pagos de la constructora Ferrovial a CDC. Las pesquisas del juez revelan que el destino de las donaciones de la constructora fue la Fundación Trias Fargas, una “plataforma de pensamiento político” del partido –actualmente Fundació CatDem-, a cambio de que el gobierno presidido entonces por Jordi Pujol le adjudicase obras de gran envergadura, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.
Ferrovial también fue la adjudicataria de un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès. El alcalde de la población era en esas fechas el actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, y el cargo de gerente municipal lo ocupaba Jordi Turull, portavoz de CDC en el Parlament. Según el juez, Millet y Montull participaron en el cobro de esas comisiones como “intermediarios” entre la constructora y “personas afines a Convergencia”. Un informe policial examinado por el Tribunal de Cuentas concluye que la Fundación Trias Fargas recibió 6,5 millones en donaciones de importantes empresas, que en parte acabaron en las arcas de CDC.
La segunda línea de financiación irregular de Convergencia podría haber tenido como piedra angular a dos empresas dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, New Letter y Letter Graphic. Las compañías cobraron 982.000 euros al Palau por unos trabajos que no se ha podido acreditar que se realizaran. Apunta el juez la posibilidad de que dichos servicios se prestaran a CDC, amén que dichas empresas han participado en campañas electorales de la formación nacionalista.
A pesar de que los nuevos responsables del Palau hayan exculpado a CDC de haberse lucrado con la entidad, bajo el argumento de que “no hay indicios” de pagos al partido, los nacionalistas tuvieron hacer frente a la fianza impuesta por el juez como responsable civil “a título lucrativo” del saqueo, y entregaron como aval las escrituras de su sede en Barcelona, un edifico de siete plantas situado en el Eixample.
La trama de las ITV
La rama catalana del caso Campeón ha situado al secretario general de CDC, Oriol Pujol, como “colaborador necesario” en una trama dedicada a obtener de manera fraudulenta adjudicaciones de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña.
En un auto fechado en abril de este año, la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona revela que el entramado estuvo presuntamente “realizando maniobras y gestiones tendentes a la manipulación de un futuro concurso público para la obtención de la adjudicación presuntamente fraudulenta de autorizaciones de ITV, evitando un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores (…), al ya estar pactadas parte de las adjudicaciones”.
Entre la relación de nombres de los investigados está el ex-presidente de Sony España, Pedro Navarrete; el consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol, el director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Josep Maria Canós; la directora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran; o la jefa del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Margarida Gil.
Un informe de la Agencia Tributaria concluye que Oriol Pujol era “el hombre encargado de aportar la influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos”, para conseguir beneficios a este grupo de empresarios. Hacienda sitúa también como “colaborador necesario” en la trama al que fue director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat entre 1994 y 2004, Josep Tous, detenido en marzo por su implicación en el caso.
La Agencia Tributaria destaca que Oriol Pujol estaba “en todo momento” informado del estado de las negociaciones y que “se desprende de las conversaciones que Josep Tous es la mano ejecutora de Pujol”.
Escándalo en la sanidad pública
A finales de junio dimitía el presidente del Institut Català de la Salut -organismo público encargado de gestionar la sanidad pública-, Josep Prat. Su renuncia se producía después que la fiscalía comenzase a investigarlo por acumulación de cargos públicos y privados y por los pagos opacos de más de un millón de euros al exdirector del CatSalut, Carles Manté. Su caso no es el único ejemplo de presunta corrupción en la sanidad catalana. La revista gratuita Cafè amb Llet y el diario El País han sacado a la luz pagos irregulares, favores políticos, sobrecostes y adjudicaciones sin concurso.
Una auditoría no publicada por la Sindicatura de Cuentas, conocida como “informe Crespo” en alusión al exalcalde de Lloret y diputado de CiU, Xavier Crespo, reveló un entramado en los hospitales públicos de Blanes y Calella por el cual médicos, gestores, y dos ediles, uno de CiU y uno del PSC, cobraron cerca de 2,5 millones de euros.
Por otro lado, Un exalto cargo del Govern de Pujol y directivo del Consorcio de la Salud y Social de Cataluña (CSC), Ramón Bagó, está siendo investigado por la Oficina Antifraude. Según detalló la revista Café amb Llet –cuyos editores han sido denunciados por un directivo de la sanidad por atentado al honor-, Bagó aprovechó su posición en los órganos directivos del CSC para adjudicar sin concurso previo al grupo alimentario que preside, el Grupo Serhs, el servicio alimentario de los hospitales: un contrato por valor de 50 millones de euros.
Estas y otras irregularidades iban a ser investigadas por una comisión del Parlament de Cataluña. La comisión fue impulsada por el PSC, a pesar de que algunos de los escándalos se desarrollaron cuando la socialista Marina Geli era consellera de Salud, y obtuvo el apoyo de todos los grupos menos de CiU, que se abstuvo al considerar que los presuntos casos de corrupción deberían seguir su camino en la Justicia.
El adelanto electoral ha fulminado la comisión, que deberá volver a empezar toda la tramitación en la próxima legislatura, siempre y cuando exista una mayoría suficiente que la promueva.
El agujero en las cajas de ahorro
La otra comisión de investigación parlamentaria que ha quedado en suspenso es la encargada de indagar en la crisis de las entidades financieras catalanas y la gestión de sus directivos. Cuatro grupos de la oposición -ICV-EUiA, ERC, Ciutadans y Solidaritat- forzaron la creación de la comisión, que debía centrarse en investigar los productos financieros de alto riesgo (como las participaciones preferentes), así como el hundimiento de varias cajas después de sus procesos de fusión o absorción y su conversión a bancos.
La tramitación parlamentaria de la comisión rebajó las expectativas de abordar la venta de participaciones preferentes, principalmente por el voto en contra de CiU y la abstención del PP para que compareciesen los gestores de dos de las entidades que más productos de este tipo comercializaron: La Caixa y Banc Sabadell.
La cámara catalana debía esclarecer los motivos por los cuales diversas entidades catalanas han necesitado de la inyección de dinero público para recapitalizarse. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Catalunya Caixa. El Banco de España anunció este verano que la entidad necesita 4.500 millones adicionales a los 3.000 millones que ya ha recibido del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Con la disolución del Parlament, se evitarán tener que dar explicaciones los expresidentes de Caixa Catalunya, Narcís Serra y Antoni Serra Ramoneda, el actual presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, o los gestores de Caixa Tarragona, Caixa Laietana, Caixa Sabadell o Caixa Penedès, entre otros.
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