ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2014

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA DEL

SEGON TRIMESTRE DE 2014

A nivell estatal, les darreres dades de l’enquesta de població activa referits al segon trimestre de 2014 ens aporten que l’ocupació s’ha incrementat en el conjunt de l’Estat en 402.400 persones aquest trimestre respecte l’anterior, sumant un total 17.353.000 ocupats.

Pel que fa a Catalunya, els ocupats s’incrementarien en 79.300 més, respecte el trimestre anterior, que representa un 2,68 % en nombres relatius.

En principi, les dades positives són bones per a l’ocupació, però cal analitzar-ne la qualitat. Des de la USOC entenem que aquestes dades  es corresponen  amb una ocupació molt estacional, essencialment temporal, amb salaris baixos que posen en evidencia una nova realitat social amb grans desigualtats.

Cal que des del Govern s'implementin polítiques activesd'ocupació que contribueixin a reduir el drama dels aturats,sense oblidar els joves i majors de 45 anys, no quedant-seestancats en unes dades que, tot i ser positives, no sónsuficients. Reiteradament ho venim dient, no hi hauràrecuperació econòmica sense ocupació de qualitat que afavoreixi el creixement social.

COMUNICAT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DAVANT DE L'INFORME ECONÒMIC DE L'OCDE SOBRE ESPANYA

COMUNICADO DE USO ANTE EL INFORME ECONÓMICO SOBRE ESPAÑA DE LA OCDE

Madrid, 9 de septiembre de 2014.- La Unión Sindical Obrera (USO)

quiere manifestar su sorpresa ante las recomendaciones que destaca la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe Bienal sobre España, ya que si la semana pasada alertaban del riesgo de continuar con rebajas salariales, ayer defendían la subida de salarios pero ligados a la competitividad de las empresas, entre otras cuestiones.

“Ligar las subidas salariales a la productividad conlleva un importante riesgo: la productividad crece en época de crisis, por la gran destrucción de empleo, pero frena, e incluso cae, en períodos de recuperación o expansión. De esta forma, si tal y como nos dicen los expertos, la economía española mejora, los sueldos probablemente no subirán porque la productividad empresarial se estancará”, concreta Joaquín Pérez, secretario confederal de Comunicación y Formación de USO.

La OCDE recomienda el establecimiento de un nuevo sector empresarial español, con mayor peso de las medianas y grandes empresas, cuando en España más de 3 millones de empresas son consideradas empresas pequeñas o micropymes, y urge a aumentar la competitividad española, cuando estamos a la cola.

También insta a las empresas a vincularse a los convenios sectoriales, cuando la última reforma laboral aprobada por el Gobierno hace prevalecer los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Por otro lado, recomienda el fortalecimiento de las políticas activas de empleo mejorando la formación profesional, reforzando las capacidades y la eficiencia de los servicios públicos de empleo y potenciando la coordinación entre los distintos niveles de la administración. “Una recomendación que desde USO venimos exigiendo hace tiempo para dinamizar la creación de empleo en España, pero que gobierno tras gobierno se han empeñado en mancillar al servicio de otros intereses”, concreta Pérez.

Asimismo, defienden la subida del IVA, limitando los bienes y servicios acogidos en tipos reducidos, con lo que “los asalariados, desempleados y las familias volverán a cargar con todo el peso de la recuperación económica, aumentando de esta forma la grave crisis social que está instaurada en nuestro país. Es de una actitud, un tanto esquizoide, pedir la subida de salarios y a la vez del IVA”, destaca Pérez.

“Resulta significativo que ahora, tanto la OCDE como el FMI, resalten las maravillas de la economía española. La Unión Sindical Obrera considera que el grueso de las recomendaciones que realiza la OCDE están alejadas de la realidad social y de empleo en España, y continúan en la línea de austeridad que tan perniciosas consecuencias ha tenido para el conjunto de la sociedad. El desempleo necesita una actuación urgente, basada en la realidad económica y empresarial española, para que se deje de crear empleo precario, temporal y que reduzca el importante número de trabajadores pobres, que va aumentando mes a mes”, concluye Joaquín Pérez, secretario confederal de Comunicación y Formación de USO.

Unión Sindical Obrera

La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos.

USO PLANTEJA 10 PROPOSTES FISCALS ALS GRUPS PARLAMENTARIS PER A LA REFORMA TRIBUTÀRIA

USO PLANTEJA 10 PROPOSTES FISCALS ALS GRUPS PARLAMENTARIS PER A LA REFORMA TRIBUTÀRIA

•          Con el objetivo de incorporar modificaciones a la nueva reglamentación fiscal, que se debate hoy en Congreso, para que el sistema tributario sea suficiente, eficaz, eficiente y justo

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Unión Sindical Obrera (USO) ha hecho llegar a lo largo de estas semanas a los grupos parlamentarios un total de 10 propuestas fiscales, que incluyen modificaciones a la reforma fiscal planteada por el Gobierno y que se debate hoy en el Pleno del Congreso.

Para USO, los principios que deben regir el sistema tributario español son la suficiencia, la eficacia, la eficiencia y la equidad, características que hoy en día no definen el sistema fiscal español. “Nuestro sistema tributario debe ser suficiente para cubrir los gastos que una sociedad estima que debe soportar el Estado sin depender de las condiciones del exterior, y debe ser eficaz al recaudar. Cuantos más objetivos secundarios tenga el sistema, menos eficaz será en su misión principal”, defiende Julio Salazar, secretario general de USO.

Además, el sistema debe ser eficiente, pues cuanto más sencillo sea, existirán menos posibilidades de defraudar. “Pero sobre todo, el sistema tributario debe ser justo y equitativo, recayendo el esfuerzo sobre todos los ciudadanos por igual, independientemente del territorio donde residan, teniendo en cuenta como única variable la capacidad económica del contribuyente, de modo que quien más capacidad tenga, contribuya más”, concluye Salazar.

10 propuestas fiscales

De esta forma, con el fin de establecer las bases de un sistema impositivo moderno que cumpla con los objetivos señalados, la USO ha propuesto a los grupos parlamentarios un programa de reformas fiscales de amplio calado que iguale el gravamen y las deducciones de todos los contribuyentes, sea cual sea la comunidad autónoma donde se resida y evite la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias.

Las diez propuestas fiscales de USO en materia tributaria se concretan en:

- Unificación de los sistemas de tributación por rentas del trabajo y por rentas del capital y establecimiento de una escala de gravamen común llevando los tipos marginales a un tramo ligeramente superior a la media de la OCDE, en el entorno del 45%.

- Establecimiento de un nuevo tramo para rentas superiores a 60.000€. La propuesta se concreta en establecer el 21,50 % para el tramo de rentas superiores a 60.000 euros y hasta los 120.000 euros, y un nuevo tramo a partir de los 120.000 euros cuyo tipo aplicable fuera el 24,50%.

- Establecer el mínimo exento de tributación y de retenciones por rentas de trabajo en el valor del salario mínimo interprofesional.

- Eliminar el régimen de estimación objetiva por “módulos” del IRPF para trabajadores autónomos, por ser un modelo de simplificación fiscal ineficiente y generador de fraude fiscal recurrente en algunos pequeños empresarios y profesionales.

- Eliminación de la reducción por aportación a planes de pensiones, medida totalmente regresiva aplicada principalmente por los contribuyentes de rentas elevadas y que beneficia en mayor proporción, a igualdad de aportación, a quien más rentas obtiene. Por tanto suprimir la inclusión de una nueva deducción que incentiva la inversión en planes de pensiones a los mayores de 65 años de las ganancias obtenidas de transmisiones patrimoniales.

- Eliminar las deducciones por donativos y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores.

- Nuevo impuesto sobre la Riqueza: supondría la eliminación del actual Impuesto sobre el Patrimonio y creación de un impuesto unificado sobre la riqueza que sirva de control anti-fraude y mejore la progresividad del sistema. Se propone la reducción general de los tipos de gravamen marginales (hasta el rango del 0,4-0,5% para evitar la descapitalización patrimonial de los patrimonios ilíquidos -empresas familiares, patrimonios inmobiliarios- y la eliminación/limitación correlativa de beneficios fiscales de difícil aplicación y control -exención sobre empresa familiar, límite conjunto IRPF-IP-). Se plantea una coordinación de este impuesto con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para evitar la descapitalización sucesoria (moderación de los tipos de gravamen y limitación de los beneficios fiscales).

- Mantener la actual reducción genérica. Se establece una deducción genérica de 2.000 euros en los ingresos por trabajo, que lógicamente hay que justificar sobre el gasto real realizado. Actualmente, esta reducción sobre los ingresos íntegros del trabajo es de 2.652 euros de manera general y el doble para desempleados que se desplazan fuera de su localidad, que pasa a 2.000 euros. Por tanto debería mantenerse la anterior deducción.

- Mantener la actual tributación por alquileres de vivienda e ingresos irregulares: Se disminuye la reducción sobre el rendimiento neto reducido de alquileres de viviendas del 60% al 50%. También desaparece la reducción del 100% para alquileres a jóvenes con bajos ingresos. Si queremos potenciar el alquiler como opción ésta no parece que sea una medida incentivadora. Además, en la nueva normativa se disminuye al 30% la reducción por ingresos con periodos de generación superior al año e ingresos irregulares. Actualmente, dicha reducción está en el 40%, cuantía que debería mantenerse.

- Igualar el gravamen y las deducciones de todos los contribuyentes sea cual sea la Comunidad Autónoma donde se resida, evitando la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias.

Contexto tributario en España

En el año 2012, los gastos del Estado casi duplicaron los ingresos. Esta descompensación ataca de raíz el principio de suficiencia y nos sitúa en un déficit del Estado, al finalizar 2013, que es uno de la mayores de la UE (7,1% según Eurostat), tan sólo superado por Grecia y Eslovenia. 

Nuestro actual sistema tributario tiene incontables beneficios fiscales, facilitando que España recaude por debajo de la media europea tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades, mientras nuestros tipos marginales son de los más altos del mundo: 52% en el IRPF, llegando al 56% en algunas regiones -la media de la OCDE está en el 41,5%-, y 30% en el Impuesto de Sucesiones -la media de la OCDE está en el 25%-. La única explicación es que las bases tributarias escapan a tributación y los beneficios fiscales reducen la tributación efectiva. Por ello, el sistema tributario español no es eficaz.

Julio Salazar ha destacado que son necesarias una serie de reformas para hacer frente al desafío de tener un sistema fiscal que sea suficiente, en el que los ingresos sean igual a gastos, a lo largo del ciclo económico, con una partida de gastos e inversiones públicas que den cobertura a las actuales insuficiencias en materias como dependencia, educación, sanidad, I+D+I, empleo, inversiones, etc.

Por otro lado, buena parte de la insuficiencia del actual sistema fiscal viene determinado por el fraude fiscal, por la construcción de unas figuras impositivas que permiten la elusión fiscal, y por tener bases impositivas y tarifas no acordes con la generación de rentas y riqueza. “El sistema fiscal actual español, en conjunto, no es equitativo, ya que no pagan lo mismo las rentas originadas por trabajar que las procedentes del capital, siendo además escasamente progresivo. Por todo ello, necesitamos una reforma fiscal a fondo que busque que las personas coticen en función de su renta real. Se hace más necesario que nunca una mejor y más justa redistribución de la riqueza”, argumenta el Secretario General de USO.

Además, nuestro sistema tributario es extremadamente complicado con un legislador estatal y 17 comunidades autónomas con potestades legislativas en materia fiscal (sin contar las potestades regulatorias de los entes locales sobre los impuestos y tasas que les son propios), los cuales modifican la normativa tributaria constantemente. La inseguridad jurídica en materia fiscal desincentiva la inversión y aumenta las posibilidades de defraudación. Así, nuestro sistema impositivo no es eficiente.

También, nuestros impuestos contienen innumerables normas que atacan de frente la equidad en el reparto de las cargas tributarias. “¿Por qué existen los beneficios fiscales a los planes de pensiones si es una medida totalmente regresiva porque a igualdad de aportaciones supone mayor beneficio cuanto mayor sea la renta? ¿Qué argumento tributario existe para defender la aplicación de esquemas como el taxlease que permiten a multinacionales pagar menos impuestos en España por el mero hecho de invertir? Nuestro sistema fiscal esconde muchas trampas que desvirtúan cualquier criterio coherente de reparto equitativo de las cargas tributarias. De modo que nuestro sistema impositivo no es justo”, concluye Julio Salazar.

Catalunya Obrera Nº 83

Un manifiesto exige el "derecho a decidir" el modelo de sanidad pública

Varias organizaciones firman el documento, que se muestra crítico con la sectorial de salud del ANC, a favor de mantener el modelo catalán de consorcios en el "futuro de Cataluña".

Ocupación del hospital Can Ruti de Badalona. . /CARMEN SECANELLA

Desde que comenzaron los recortes presupuestarios por parte de la Generalitat, la defensa de la sanidad pública ha sido -junto con el proceso soberanista- un tema central de la agenda política catalana. Es en este contexto que diferentes movimientos sociales han publicado un manifiesto para reclamar el derecho a decidir también sobre el futuro de la sanidad pública catalana que resume las principales reivindicaciones actuales.

El documento -firmado entre otros por representantes de Dempeus per la Salut Pública, del centro de investigación greda-Emconet, de la ONG Sicom y los editores de la revista CafeambLlet- reclama un sistema sanitario 100% público. Es decir, que recomienda terminar con el modelo específicamente catalán de los centros concertados, donde se han concentrado en los últimos años los escándalos de corrupción y de confusión de intereses. "La colaboración pública-privada existente debe ir reduciendo su ámbito hasta su total separación y definitiva eliminación, ateniéndose mientrastanto a los intereses de la sanidad pública", afirman los firmantes.

En este sentido, el documento es una respuesta a la sectorial de sanidad de la Asamblea Nacional de Catalunya, que defendió recientemente el modelo catalán de consorcios. De hecho, este manifiesto no es la única voz en contra de la posición de la ANC que se ha expresado en los últimos días. Ayer el grupo de sanidad de Podemos Catalunya también se puso en contra, como también lo hizo el sindicato alternativo IAC. La sectorial de sanidad de la ANC se presentó oficialmente el mes pasado en el Colegio de Médicos. Llamó la atención que la presentación se hizo a cargo de la Dra. Helena Ris, directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales -organismo dirigido previamente por el actual conseller Boi Ruiz.

Los autores del manifiesto también exigen la restauración de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, que tenía hasta el año pasado una personalidad jurídica y trabajaba así de manera independiente con una vocación interdepartamental. Una ley impulsada por el Gobierno la degradó y la colocó bajo el control de la secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.

Por otra parte, los firmantes se oponen a cualquier copago en el sistema sanitario y abogan por una mayor participación de los usuarios en la gestión de la sanidad. También reclaman que la sanidad pública permita la interrupción voluntaria del embarazo.

No nos falta ética, nos faltan camas

http://www.eldiario.es/catalunya/diarisanitat/falta-etica-faltan-camas_6_298930138.html

Esta situación de colapso del sistema público es la coartada del Departamento de Salud y del Gobierno de Cataluña para continuar derivando pacientes y dando recursos económicos públicos a hospitales privados que tienen el negocio como objetivo.

A nosotros no nos falta ética, lo que nos faltan son camas, profesionales sanitarios y que nos devuelvan los 2.000 millones del presupuesto de sanidad que nos han robado en tres años a través de los recortes. Y nosotros sí tenemos pruebas de que se están degradando y privatizando los servicios públicos de salud. En otras palabras, se han aumentado los recursos económicos del presupuesto público a disposición de los hospitales concertados con ánimo de lucro, es decir, los privados, privados.

El Consejero de Salud está muy nervioso, porque además del calor de estos días y de que no le hemos dejado hacer demasiadas vacaciones, ahora tiene miedo del aumento creciente de las movilizaciones y por eso continúa diciendo tonterías - el cierre y la falta de camas en los hospitales son un mito -; mentiras - que no hay problemas en los servicios de urgencias o que no hay intención de privatizar ... -; y disparates, como acusar a los sindicatos, plataformas de defensa del sistema público de salud y partidos políticos de izquierdas, de politizar la sanidad para su provecho, y de falta de ética!

La realidad sin embargo es que con los recortes se está degradando la sanidad pública con la excusa de la crisis y de que no hay dinero (según para qué y para quién). Los presupuestos de salud se han reducido, según los papeles oficiales, en 1.585 millones de euros en tres años y según el Consejero - tiene narices que hable de reducciones superiores a las que indican los datos oficiales - en 2.000 millones. Esto representa entre un 16% del presupuesto (de 9.874 millones en 2011 a 8.285 millones en 2.013) según las cifras oficiales y un 20% según Boi Ruiz. Debemos pedir pues, ahora que nos quieren convencer de una recuperación económica inexistente para la mayoría, que nos devuelvan, como mínimo, estos 2.000 millones.

Estos recortes han sido desiguales. Mientras que a los servicios de atención primaria y hospitales de propiedad y gestión pública y los concertados sin ánimo de lucro, se les recorta este 16% de media, a los concertados y los calificados de utilización pública, pero que son empresas privadas con ánimo de lucro, - por ejemplo los tres hospitales de la empresa multinacional de sanidad Capio / IDC: Sagrado Corazón, General de Cataluña y hospital de Sabadell (que no debe confundirse con Parc Taulí) se les ha aumentado el concierto en un 78,6%. Dinero público para hacer negocio privado. Y es por este motivo que se derivan pacientes de los hospitales públicos “recortados” a estos otros hospitales. Si esto no es privatizar la salud para convertirla en un negocio....

Todo ello pasa porque con el recorte interesado de recursos disponibles, se han cerrado camas, quirófanos y otros servicios en los hospitales y los CAP públicos, con lo que han aumentado las listas de espera de todo tipo y los servicios de urgencias se han visto colapsados reiteradamente este verano. Y las reclamaciones amontonadas por falta de trámite.

Nosotros ya advertimos el mes de mayo que la situación se agravaría con los cierres de camas de verano sumados a las camas estructurales cerradas durante los últimos tres años (ver tabla n.1) El hospital de la Vall d'Hebron ha cerrado en agosto 195 camas más y el hospital del Mar, 113.

Tabla 1

Clínic – 180

Bellvitge – 260

Vall Hebron – 130

Can Ruti – 115

Arnau Vilanova – 100

Joan XXIII – 42

Sant Pau – 106

Parc Salut Mar – 84

H. Mataró – 40

Total – 1.057

Abriendo las camas cerradas en Bellvitge, Can Ruti y Vall d'Hebron, que son 570, podríamos operar 23.500 pacientes más al año, que casualmente son los que ahora esperan más de 6 meses por uno de los 14 procedimientos con garantía.

Las listas de espera de todo tipo - por visita al especialista, para pruebas diagnósticas y para intervención quirúrgica- han aumentado sobremanera. Incluso los 14 procedimientos quirúrgicos que tienen garantía de espera de menos de 6 meses, han aumentado un 60% con los recortes (de 50.000 pacientes en 2009 a 80.000 en 2013). Y de estos pacientes, 23.500 ya hace más de 6 meses que están en la cola. Pero es que oficialmente y por si fuera poco hay 100.000 pacientes más que desesperan por otras intervenciones con unos tiempos de espera aún más largo (años, en muchos casos).

También hemos visto como se colapsaban los servicios de urgencias, algunos de ellos con esperas para ingresar (por falta de camas) de hasta 3 y 4 días. ¡En urgencias! Tanto el cierre de más camas y plantas de hospitales como las largas esperas en urgencias, han sido motivo de movilizaciones de plataformas y sindicatos estas vacaciones con el lema “Abrimos plantas, los enfermos no hacen vacaciones”.

Esta situación de colapso del sistema público es la coartada del Departamento de Salud y del Gobierno de Cataluña para continuar derivando pacientes y dando recursos económicos públicos a hospitales privados que tienen el negocio como objetivo. Solamente el hospital de Vall d'Hebron ha derivado al hospital Sagrado Corazón de Capio/ IDC 575 pacientes para operar, además de los que ha derivado a la Clínica Platón y a San Rafael (en total, unos 1.000 pacientes). Pero es que al Sagrado Corazón y a la Clínica Platón también les derivan pacientes del Clínico, del hospital del Mar y de Sant Pau, así como pacientes del Maresme y del Baix Llobregat, que nosotros sepamos.

Posiblemente las instalaciones de estos hospitales privados no puedan absorber tantos pacientes derivados y acabarán por llevarse trabajo a casa. Todo sea por el negocio (con dinero público por supuesto).

¡Esto consejero, también es privatizar la sanidad!

Nuestro historial médico: ¡en venta!

http://www.eldiario.es/catalunya/diarisanitat/historial-medico-venta_6_299280105.html


A través del programa VISC+, nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o en las empresas de recursos humanos. Nosotros no lo autorizamos.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobaba el proyecto VISC+. Gracias a este, a partir de enero de 2015 nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o a las empresas de recursos humanos, entre otros.

La excusa para vender la información: añadir valor

Los motivos convergentes para la venta son los mismos que de manera repetitiva y mecanicista acompañan la promoción, subvención (encubierta) y subsidio a las empresas privadas parásitas de las administraciones: promocionar la colaboración público-privada, mejorar la transparencia, modernizar el sistema, ser más eficientes y añadir valor a la información, entre otros.

Pese a que el proyecto establece que se debe crear "un modelo que permita facilitar las grandes cantidades de datos (...) a todos los agentes que intervienen o tienen capacidad para mejorar la salud de la población (...), empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas de tecnología sanitaria "; lo cierto es que con este proyecto, el Departamento de Salud privilegiará los agentes privados con la venta de datos estratégicos para la planificación y el fortalecimiento de cualquier sistema sanitario como la historia clínica del conjunto de la ciudadanía, así como otros datos obtenidos por el sistema, como el estado de salud mental, los hábitos sobre el consumo de alcohol, u otras enfermedades, por poner algunos ejemplos.

Boi Ruiz acelera, por tanto, un proceso en que la sanidad pública será cada vez más precaria y subordinada a la privada, y en el que la privada, más subvencionada con nuestros recursos, concentrará aún más beneficios privados en pocas manos.

PwC diseñando ideología y ejecutándola en nuestras administraciones

PwC advertía en su informe de 2011, " Diez temas candentes de la sanidad española para 2011" de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos. El eufemismo tecnocrático se denomina "open data en salud" y literalmente expone sobre nuestra historia clínica que "la información debe estar disponible como un todo y a un coste razonable" con una insistencia más que persistente de que "no haya restricciones para ciertos usos como el comercial ".

Este informe define tópico tras tópico, escasamente documentado, el hilo argumental que hemos estado escuchando de las clases dirigentes en torno a la sanidad pública. Un relato, heredero de la tradición thatcherista neoliberal en el que no hay recursos para un sistema público de salud, el sistema público de salud es un servicio deficitario y por tanto no resulta competitivo, y, además, como todo servicio social es una gasto que hay que reducir. Para ellos, la solución para la viabilidad del sistema público es un sistema de salud mixto público-privado como una fase de transición hacia un sistema sanitario eminentemente privado, donde la atención sanitaria dependa de las posibilidades económicas de cada persona.

El informe sería una mera anécdota si no fuera porque ha marcado las políticas de los Departamentos de Salud de los Països Catalans que CiU, con el apoyo de ERC, y de forma puntual con el del PSC y el PP, han ido desarrollando / siguiendo.

No debería extrañarnos pues que el informe contaba con la ilustrísima participación del conseller Boi Ruiz cuando aún ejercía de hecho y de derecho como Presidente de la Unión Catalana de Hospitales y de Alberto de Rosa, Director General Ribera Salud (gestores privados del Hospital de la Ribera en Valencia).

El perjuicio va más allá de la confidencialidad de los datos

Desde el pasado mes de marzo, en Inglaterra el NHS (National Health Service) puede vender el historial sanitario de la población, una oportunidad que la multinacional de seguros BUPA ya ha comenzado a aprovechar, a través de la compra masiva de datos. Los medios de comunicación se han tenido que esforzar para legitimar la operación mercantil y para canalizar todo el malestar de la población sobre si habría o no confidencialidad de los datos a la venta.

Responsables del proyecto inglés advertían que ciertos pacientes ya han sido "re-identificados" para las aseguradoras, los grupos farmacéuticos y otras empresas del sector de la salud tenían sus propios datos médicas que pueden ser cruzadas con los registros sanitarios públicos y así burlar la anonimato.

Una vez que el proyecto VISC+ entre en vigor, no sabremos a ciencia cierta si nuestros datos se utilizarán por parte de un departamento del Gobierno, de una compañía farmacéutica o de una aseguradora.

Más allá del debate de la confidencialidad, e incluso de si autorizamos o no a ceder nuestros datos médicos, es evidente que el sistema público recoge y registra una serie de informaciones (algunas de carácter privado) necesarias para la mejor atención sanitaria de la población (para atender mejor, para planificar mejor). Hay que seguir pidiendo a los poderes públicos que promuevan la salud, que mejoren la investigación, que generen conocimiento adicional orientado a mejorar los servicios de salud que recibe la sociedad. Pero, tenemos que confiar en que aseguradoras y farmacéuticas harán esta tarea?

Cediendo nuestra información sanitaria descapitalizar la sanidad pública

Mientras los presupuestos sanitarios para la pública se reducen año tras año, asistimos a un aumento de derivaciones de pacientes de la sanidad pública hacia la privada, a la firma de convenios de compra de actividad sanitaria en centros privados, y a la utilización de los quirófanos de los hospitales públicos para el aprovechamiento privado. Una descapitalización que se hace más dramática cuando se invierten recursos públicos en las herramientas informáticas que han de permitir la recogida de la información sanitaria y en la dedicación de los profesionales de los centros públicos de salud (dedicación que resta tiempo a la atención de los pacientes) en su registro, para que luego ésta sea vendida.

Vender información esencial para planificar y mejorar nuestra salud es descapitalización. Facilitar información para la sanidad privada compita con la sanidad pública es descapitalización. Renunciar a las tareas de promoción de la salud a favor de las empresas farmacéuticas o aseguradoras que persiguen el ánimo de lucro es descapitalización.

¿Autorizas que tu información sanitaria sea vendida a compañías farmacéuticas, compañías de tecnología sanitaria, a mutuas, aseguradoras, empresas de recursos humanos o a cualquier ente con ánimo de comerciar con la salud? Nosotros no lo autorizamos.

Tendremos que organizar un fuerte movimiento de resistencia a la venta que, como el propio director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña advertía, es la única situación que podría hacerles hacer marcha atrás.

¿Cómo poder recuperar el euro por receta?

¿Cómo poder recuperar el euro por receta?

Aquí os dejamos el enlace para que todos aquellos que padecieron el abuso, puedan recuperar el europor medicamento  que les cobraron ilegalmente.

Mirarlo bien y no tener miedo para reclamar lo aque es vuestro.

http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/240z569srt_sol_retorn_taxa_euro_recepta.pdf

Union Sindical Digital Nº 466 Septiembre 2014

USOC.. DICE NO A LA NUEVA LEY DE MUTUAS!!!

En els darrers anys, les Mútues han aconseguit més competències relatives a la salut dels treballadors i de les treballadores, sense que això hagi tingut efectes positius en la millora de l'atenció que els presten. No obstant això, tot pot empitjorar i ara es pretén donar a aquestes entitats encara més poder. Per això, manifestem la nostra oposició al Projecte de Llei pels motius següents:

·         LES ALTES. Les altes dependran del tàndem Mútues-INSS. Davant la Proposta d'alta per part de la Mútua, la Inspecció Sanitària disposarà de cinc dies per emetre el comunicat  de confirmació de baixa. Si la Inspecció no dóna resposta, la Mútua podrà recórrer a l'INSS que haurà de respondrà en quatre dies. Fins a l’u de març de 2015, aquests terminis seran respectivament d’onze i vuit dies.

·         LA GESTIÓ DE LA IT PER MALALTIA COMUNA. S’entregarà a les mútues el poder total de la gestió de la IT per malaltia comuna. Tindran la potestat de declarar, denegar, suspendre i anul·lar el dret a la prestació econòmica. A més, els pagaments realitzats per les Mútues tindran caràcter provisional durant dos mesos.

·         LES MÚTUES CANVIEN DE NOM. Les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social passaran a denominar-se Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, cosa que permetrà que els sigui encomanda qualsevol mena de col·laboració.

·         UNA PRIVATITZACIÓ ENCOBERTA. Els Convenis entre les Mútues i els Serveis Públics de Salut per avançar assistències, tractaments o proves als treballadors i a les treballadores en situació de baixa, passaran a ser retribuïts a les Mútues. Fins ara aquests convenis es consideraven com a inversió per escurçar les baixes i reduir el pagament de prestacions. Això representava un estalvi per a les Mútues i no se les retribuïa. Amb els nous convenis es debilitarà el sistema públic de salut i és una forma de privatització encoberta.

·         UN CANVI EN EL MERCAT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. Les Mútues hauran de desfer-se de les seves Societats de Prevenció, creades amb patrimoni de la Seguretat Social, abans del 15 de Març de 2015. Les que no trobin comprador seran liquidades. Això suposarà un canvi radical en el mercat dels serveis de prevenció que afectarà a milions de treballadors i de treballadores. D’altra banda, algunes Mútues estan duent a terme aquestes operacions de venda de forma dubtosa.

·         LA CREACIÓ D’UNA RESERVA PER A USOS ADMINISTRATIUS AMB ELS DINERS DE LES COTITZACIONS. Les Mútues podran crear la Reserva Complementària i pagar l'excés de despeses d'administració, sancions administratives i despeses processals. Fins ara aquestes despeses indegudes es pagaven amb el patrimoni històric, que és titularitat de les empreses associades, fins i tot en cas necessari, es podia exigir una bestreta de les empreses associades.

Creiem que el Projecte de Llei de Mútues intenta afavorir els interessos del Govern i dels Empresaris:

·         En disminuir els costos en prestacions d'incapacitat temporal per la reducció dels dies baixa els empresaris tindran els arguments per sol·licitar la reducció de les cotitzacions socials. En conseqüència, es reduirà l’absentisme pagant un preu molt alt: la salut dels treballadors i de les treballadores se’n ressentirà.

·         El Govern aconseguirà un estalvi en la despesa de la Seguretat Social que podrà destinar a altres finalitats.

·         Les Mútues assumiran cada vegada més facultats de gestió i control. Encara que la suposada eficiència de les mútues l’aconsegueixen carregant bona part de les seves despeses al Sistema Nacional de Salut.

·         El Projecte de Llei de Mútues no incorpora cap mesura en relació a la Salut Laboral i se’n elimina les polítiques preventives pel que fa a les malalties professionals, com ara l'actualització dels llistats de malalties professionals, o les millores en la seva detecció i declaració.

·         No combat la inadequada qualificació de les contingències professionals com a comunes.  Les Mútues es neguen a reconèixer l'origen laboral de les lesions, o la sistemàtica qualificació de la gravetat dels accidents a la baixa. Tampoc s’ estableix cap control per a les seves actuacions sanitàries.

Cayalunya Obrera Nº 84 Setembre 2014

Sentencia Paga Extra de Nadal