La privatización de la sanidad corrompe y mata
14FEB
La privatización de la sanidad corrompe, enferma y puede costar vidas. Aportando pruebas, estas dos noticias (de la Comunidad de Madrid y de Catalunya) donde se está destruyendo con saña la sanidad pública…. Léanlas con calma, porque si eso sigue así la precarización de nuestra salud URGE mandar a los consejeros de sanidad y salud de la Comunidad de Madrid y Catalunya a los vertederos privados de la infamia.
Explica esta mañana la Cadena Ser que La privatización de los análisis clínicos en Madrid “ha puesto en riesgo la vida de los pacientes” y que ya lo han estado denunciado durante años los médicos que trabajan con el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. “Ha habido retrasos injustificados que han podido provocar la muerte de los pacientes porque la demora de los resultados nos ha podido llevar a fallar en el diagnóstico”
En el año 2009, el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes privatizó los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales. Desde ese año los médicos empezaron a sufrir problemas puntuales, retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado e inclusos algunos análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles, según figura en los partes de incidencias a los que ha tenido acceso la Cadena SER. La Gerencia del laboratorio estaba al tanto de estos problemas, pese a ello, la Consejería de Sanidad no ha sancionado a las empresas privadas que gestionan este servicio. La Comunidad de Madrid está obligado a ello, según se explica en el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio. El problema se arrastra desde hace cuatro años, fecha en la que se puso en marcha el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, un laboratorio público, pero que está gestionado por una UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por el Laboratorio Balagué y BR Salud.
Desde su inicio, en el año 2009, los propios médicos que han trabajado directamente con estas empresas privadas han remitido a los máximos responsables todo tipo de cartas, mails, y partes de incidencias en las que advierten de la gravedad de los problemas que están sufriendo, principalmente, “retrasos injustificados con consecuencias muy graves”, dicen en estos documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER. El Laboratorio Balagué enviaba hasta ahora (antes de vender su parte a Unilabs) a Barcelona todas las pruebas que no se pueden realizar en el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, es decir, pruebas poco frecuentes, o poco demandadas, pero muy importantes, porque se trata de pruebas genéticas para descartar enfermedades muy graves. El problema de enviarlas a 620 kilómetros de Madrid, es que se multiplica notablemente el tiempo de respuesta, según han explicado a la Cadena SER varios médicos directamente relacionados con este servicio.
“Había todo tipo de retrasos, inclusos en pruebas rutinarias de bioquímica, por ejemplo, en pruebas de citratos, pruebas que tenían que tardar una semana, no llegaron en meses”, según estas fuentes. Uno de los casos más graves, se da en mayo del año pasado. Los médicos se enteraron de que el Laboratorio Balagué se había quedado sin reactivos (un elemento indispensable para realizar los análisis). Eso provocó que varias pruebas, algunas incluso muy dolorosas como las punciones lumbares tuvieron que repetirse porque las muestras para extraer ‘líquido encefaloraquideo’ ya no eran útiles después de tantos meses de espera.
Otro ejemplo. Un mes después. En junio de 2012 se abrió otro parte porque una paciente con leucemia, no tenía los resultados después de seis semanas, pese a que debería tenerlos. Su médico advirtió a la dirección del Laboratorio Central que ese retraso “pudo conllevar la muerte de la paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y tratamiento”.
Estos problemas se han repetido puntualmente durante cuatro años. En otros partes, los médicos, por ejemplo, denuncian que ha habido pruebas que “no se correspondían con las que se pidieron, muestras que se han degradado (han dejado de ser útiles) u otras que directamente ni se han llegado a realizar”.
Los fallos que se han detectado en todo este tiempo han afectado principalmente a las pruebas no rutinarias, el resto, según las fuentes consultadas sí han funcionado con cierta normalidad.
¿Se ha hecho algo para resolver esta situación?
Desde hace cuatro años los médicos vienen denunciando esta situación. “Todos estos problemas se reportaron a la dirección de la UTE, pero no hicieron nada para solucionarlo”, nos cuentan varios médicos. “La Consejería de Sanidad tampoco no ha hecho nada”, el motivo que alegan desde la Comunidad de Madrid es que “no están al tanto de estos casos”. Lo desconocen, pese a que la gerencia del laboratorio sí estaba informada de estos problemas por los propios médicos.
Según el pliego de condiciones, la Comunidad de Madrid debería haber sancionado a las dos empresas privadas que gestionan este laboratorio público por no haber respetado los plazos de entrega de los análisis. Eso supone una “falta grave”, sancionada con hasta 90.000 euros de multa. Sin embargo, según admiten a la Cadena SER la Consejería de Sanidad, y fuentes muy próximas al laboratorio, en cuatro años nunca se ha multado a este centro, pese a tener documentadas varias incidencias muy graves. Otra prueba más de la complicada situación que se ha vivido en este tiempo es que el destinatario de todas estas quejas que hemos relatado, el director por entonces del Laboratorio Central, Antonio Ballesta dimitió. Y lo hizo, según los médicos que trabajaban con él, “porque no encontró apoyo de los gerentes del laboratorio para resolver esos problemas”. Ahora Unilabs se ha hecho con este servicio (…)
“No te BOI a votar MAS”
Por su parte, El Pais en su edición de Catalunya: El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, negó ayer en sede parlamentaria haber encargado o pagado el informe de la consultora PricewaterhouseCoopers que recomienda la venta de una decena de entidades y empresas públicas y entregar a la gestión privada 18 hospitales y hasta 45 centros de atención primaria. Ante las críticas de Iniciativa y de la CUP, Ruiz aseguró que asumirá “responsabilidades políticas” si se prueba que él encargó el documento y posteriormente aseguró que el informe lo hizo la consultora por iniciativa propia y lo envió al Departamento de Salud. Todo esto supuestamente sin cobrar nada. Ruiz también añadió que no piensa aplicar las recomendaciones del informe.
El papel de las consultoras privadas, a las que la Generalitat recurre asiduamente para tareas de asesoramiento y de fiscalización, fue duramente criticado ayer en el Parlament por parte del diputado de la CUP David Fernández. Este rogó al consejero de Salud que deje de trabajar con PwC, “una consultora que se permite el lujo de sugerir hacer negocio con la sanidad pública”.
Durante su intervención este miércoles en la sesión de control al Gobierno catalán, Fernández reclamó al consejero que “rescinda” todo contrato con una auditora “que se piensa que es el gobierno oculto”. Fernández recordó que en la plantilla de esta consultoría está el exconsejero de Presidencia en la etapa de Jordi Pujol, Joaquim Triadú. “Estamos hartos de encontrarnos con informes de la PricewaterhouseCoopers del señor Joaquim Triadú y de la Deloitte de David Madí [exdirigente de CiU]”. Con ello Fernández insinuó connivencia del Gobierno de Artur Mas con estas empresas, tal y como otros grupos de la oposición ya habían alertado meses atrás.
El consejero fue tajante en su respuesta. “Permítame que no comparta la teoría de la conspiración”, replicó antes de ofrecer un difuso “pacto” para trabajar conjuntamente en favor de la sanidad catalana. En su respuesta anterior al diputado de Iniciativa Josep Vendrell, Ruiz también negó haber encargado el informe. Esto hizo que el ecosocialista calificara el documento de “informe mágico” que se realizó sin que nadie lo encargara. “Usted es el caballo de Troya del sector privado en la sanidad pública. Ya basta de opacidad y de falta de transparencia”, le espetó Vendrell al consejero.
En el diario oficial de la Generalitat de Cataluña no consta ningún encargo concreto del informe publicado por EL PAÍS esta semana. Sin embargo, sí aparece que en 2011 la consultora PwC se adjudicó un proyecto de “apoyo metodológico para la definición de un nuevo modelo de contratación de los servicios sanitarios”. Por ello se embolsó 70.800 euros, a pesar de que fuentes del Departament de Salut negaron ayer que dicho contrato tenga nada que ver con el informe que propone las privatizaciones.
PwC es una de las consultoras que más encargos ha recibido de la Generalitat y su labor es especialmente vigilada por la oposición desde que contratara al exconsejero de Jordi Pujol Joaquim Triadú. Solo en 2012, y según se refleja en los contratos que publica el DOGC, PwC se adjudicó como mínimo 714.000 euros en varios contratos de la Generalitat. La mayor parte fueron en concepto de auditoría de proyectos financiados por la Unión Europea. La oposición piensa evaluar el papel de las consultoras en el ámbito sanitario en la comisión de investigación sobre las irregularidades en la sanidad pública que ayer se reactivó en el Parlament después de esta no llegara a funcionar la pasada legislatura. La comisión volvió a crearse ayer, esta vez también con los votos de CiU.
Esperemos que esta vez no se vetará la comparecencia de CafeAMBllet, de Dempeus, y de tantas y tantas personas y organizaciones de defensa de la sanidad pública que pueden dar una cierta credibilidad a la Comisión- La necesitará, sin duda, para no ser cómplice de una estafa que atenta contra el derecho a la salud, y va más allá de toda ética.
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