Union Sindical Internacional Nº 48 Septiembre 2014

Union Sindical Digital Nº 469

Union Sindical Digital Nº 468

Union Sindical Digital Nº 467

Unión Sindical Digital Nº 466

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2014

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA DEL

SEGON TRIMESTRE DE 2014

A nivell estatal, les darreres dades de l’enquesta de població activa referits al segon trimestre de 2014 ens aporten que l’ocupació s’ha incrementat en el conjunt de l’Estat en 402.400 persones aquest trimestre respecte l’anterior, sumant un total 17.353.000 ocupats.

Pel que fa a Catalunya, els ocupats s’incrementarien en 79.300 més, respecte el trimestre anterior, que representa un 2,68 % en nombres relatius.

En principi, les dades positives són bones per a l’ocupació, però cal analitzar-ne la qualitat. Des de la USOC entenem que aquestes dades  es corresponen  amb una ocupació molt estacional, essencialment temporal, amb salaris baixos que posen en evidencia una nova realitat social amb grans desigualtats.

Cal que des del Govern s'implementin polítiques activesd'ocupació que contribueixin a reduir el drama dels aturats,sense oblidar els joves i majors de 45 anys, no quedant-seestancats en unes dades que, tot i ser positives, no sónsuficients. Reiteradament ho venim dient, no hi hauràrecuperació econòmica sense ocupació de qualitat que afavoreixi el creixement social.

COMUNICAT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DAVANT DE L'INFORME ECONÒMIC DE L'OCDE SOBRE ESPANYA

COMUNICADO DE USO ANTE EL INFORME ECONÓMICO SOBRE ESPAÑA DE LA OCDE

Madrid, 9 de septiembre de 2014.- La Unión Sindical Obrera (USO)

quiere manifestar su sorpresa ante las recomendaciones que destaca la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe Bienal sobre España, ya que si la semana pasada alertaban del riesgo de continuar con rebajas salariales, ayer defendían la subida de salarios pero ligados a la competitividad de las empresas, entre otras cuestiones.

“Ligar las subidas salariales a la productividad conlleva un importante riesgo: la productividad crece en época de crisis, por la gran destrucción de empleo, pero frena, e incluso cae, en períodos de recuperación o expansión. De esta forma, si tal y como nos dicen los expertos, la economía española mejora, los sueldos probablemente no subirán porque la productividad empresarial se estancará”, concreta Joaquín Pérez, secretario confederal de Comunicación y Formación de USO.

La OCDE recomienda el establecimiento de un nuevo sector empresarial español, con mayor peso de las medianas y grandes empresas, cuando en España más de 3 millones de empresas son consideradas empresas pequeñas o micropymes, y urge a aumentar la competitividad española, cuando estamos a la cola.

También insta a las empresas a vincularse a los convenios sectoriales, cuando la última reforma laboral aprobada por el Gobierno hace prevalecer los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Por otro lado, recomienda el fortalecimiento de las políticas activas de empleo mejorando la formación profesional, reforzando las capacidades y la eficiencia de los servicios públicos de empleo y potenciando la coordinación entre los distintos niveles de la administración. “Una recomendación que desde USO venimos exigiendo hace tiempo para dinamizar la creación de empleo en España, pero que gobierno tras gobierno se han empeñado en mancillar al servicio de otros intereses”, concreta Pérez.

Asimismo, defienden la subida del IVA, limitando los bienes y servicios acogidos en tipos reducidos, con lo que “los asalariados, desempleados y las familias volverán a cargar con todo el peso de la recuperación económica, aumentando de esta forma la grave crisis social que está instaurada en nuestro país. Es de una actitud, un tanto esquizoide, pedir la subida de salarios y a la vez del IVA”, destaca Pérez.

“Resulta significativo que ahora, tanto la OCDE como el FMI, resalten las maravillas de la economía española. La Unión Sindical Obrera considera que el grueso de las recomendaciones que realiza la OCDE están alejadas de la realidad social y de empleo en España, y continúan en la línea de austeridad que tan perniciosas consecuencias ha tenido para el conjunto de la sociedad. El desempleo necesita una actuación urgente, basada en la realidad económica y empresarial española, para que se deje de crear empleo precario, temporal y que reduzca el importante número de trabajadores pobres, que va aumentando mes a mes”, concluye Joaquín Pérez, secretario confederal de Comunicación y Formación de USO.

Unión Sindical Obrera

La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos.

USO PLANTEJA 10 PROPOSTES FISCALS ALS GRUPS PARLAMENTARIS PER A LA REFORMA TRIBUTÀRIA

USO PLANTEJA 10 PROPOSTES FISCALS ALS GRUPS PARLAMENTARIS PER A LA REFORMA TRIBUTÀRIA

•          Con el objetivo de incorporar modificaciones a la nueva reglamentación fiscal, que se debate hoy en Congreso, para que el sistema tributario sea suficiente, eficaz, eficiente y justo

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Unión Sindical Obrera (USO) ha hecho llegar a lo largo de estas semanas a los grupos parlamentarios un total de 10 propuestas fiscales, que incluyen modificaciones a la reforma fiscal planteada por el Gobierno y que se debate hoy en el Pleno del Congreso.

Para USO, los principios que deben regir el sistema tributario español son la suficiencia, la eficacia, la eficiencia y la equidad, características que hoy en día no definen el sistema fiscal español. “Nuestro sistema tributario debe ser suficiente para cubrir los gastos que una sociedad estima que debe soportar el Estado sin depender de las condiciones del exterior, y debe ser eficaz al recaudar. Cuantos más objetivos secundarios tenga el sistema, menos eficaz será en su misión principal”, defiende Julio Salazar, secretario general de USO.

Además, el sistema debe ser eficiente, pues cuanto más sencillo sea, existirán menos posibilidades de defraudar. “Pero sobre todo, el sistema tributario debe ser justo y equitativo, recayendo el esfuerzo sobre todos los ciudadanos por igual, independientemente del territorio donde residan, teniendo en cuenta como única variable la capacidad económica del contribuyente, de modo que quien más capacidad tenga, contribuya más”, concluye Salazar.

10 propuestas fiscales

De esta forma, con el fin de establecer las bases de un sistema impositivo moderno que cumpla con los objetivos señalados, la USO ha propuesto a los grupos parlamentarios un programa de reformas fiscales de amplio calado que iguale el gravamen y las deducciones de todos los contribuyentes, sea cual sea la comunidad autónoma donde se resida y evite la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias.

Las diez propuestas fiscales de USO en materia tributaria se concretan en:

- Unificación de los sistemas de tributación por rentas del trabajo y por rentas del capital y establecimiento de una escala de gravamen común llevando los tipos marginales a un tramo ligeramente superior a la media de la OCDE, en el entorno del 45%.

- Establecimiento de un nuevo tramo para rentas superiores a 60.000€. La propuesta se concreta en establecer el 21,50 % para el tramo de rentas superiores a 60.000 euros y hasta los 120.000 euros, y un nuevo tramo a partir de los 120.000 euros cuyo tipo aplicable fuera el 24,50%.

- Establecer el mínimo exento de tributación y de retenciones por rentas de trabajo en el valor del salario mínimo interprofesional.

- Eliminar el régimen de estimación objetiva por “módulos” del IRPF para trabajadores autónomos, por ser un modelo de simplificación fiscal ineficiente y generador de fraude fiscal recurrente en algunos pequeños empresarios y profesionales.

- Eliminación de la reducción por aportación a planes de pensiones, medida totalmente regresiva aplicada principalmente por los contribuyentes de rentas elevadas y que beneficia en mayor proporción, a igualdad de aportación, a quien más rentas obtiene. Por tanto suprimir la inclusión de una nueva deducción que incentiva la inversión en planes de pensiones a los mayores de 65 años de las ganancias obtenidas de transmisiones patrimoniales.

- Eliminar las deducciones por donativos y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores.

- Nuevo impuesto sobre la Riqueza: supondría la eliminación del actual Impuesto sobre el Patrimonio y creación de un impuesto unificado sobre la riqueza que sirva de control anti-fraude y mejore la progresividad del sistema. Se propone la reducción general de los tipos de gravamen marginales (hasta el rango del 0,4-0,5% para evitar la descapitalización patrimonial de los patrimonios ilíquidos -empresas familiares, patrimonios inmobiliarios- y la eliminación/limitación correlativa de beneficios fiscales de difícil aplicación y control -exención sobre empresa familiar, límite conjunto IRPF-IP-). Se plantea una coordinación de este impuesto con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para evitar la descapitalización sucesoria (moderación de los tipos de gravamen y limitación de los beneficios fiscales).

- Mantener la actual reducción genérica. Se establece una deducción genérica de 2.000 euros en los ingresos por trabajo, que lógicamente hay que justificar sobre el gasto real realizado. Actualmente, esta reducción sobre los ingresos íntegros del trabajo es de 2.652 euros de manera general y el doble para desempleados que se desplazan fuera de su localidad, que pasa a 2.000 euros. Por tanto debería mantenerse la anterior deducción.

- Mantener la actual tributación por alquileres de vivienda e ingresos irregulares: Se disminuye la reducción sobre el rendimiento neto reducido de alquileres de viviendas del 60% al 50%. También desaparece la reducción del 100% para alquileres a jóvenes con bajos ingresos. Si queremos potenciar el alquiler como opción ésta no parece que sea una medida incentivadora. Además, en la nueva normativa se disminuye al 30% la reducción por ingresos con periodos de generación superior al año e ingresos irregulares. Actualmente, dicha reducción está en el 40%, cuantía que debería mantenerse.

- Igualar el gravamen y las deducciones de todos los contribuyentes sea cual sea la Comunidad Autónoma donde se resida, evitando la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias.

Contexto tributario en España

En el año 2012, los gastos del Estado casi duplicaron los ingresos. Esta descompensación ataca de raíz el principio de suficiencia y nos sitúa en un déficit del Estado, al finalizar 2013, que es uno de la mayores de la UE (7,1% según Eurostat), tan sólo superado por Grecia y Eslovenia. 

Nuestro actual sistema tributario tiene incontables beneficios fiscales, facilitando que España recaude por debajo de la media europea tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades, mientras nuestros tipos marginales son de los más altos del mundo: 52% en el IRPF, llegando al 56% en algunas regiones -la media de la OCDE está en el 41,5%-, y 30% en el Impuesto de Sucesiones -la media de la OCDE está en el 25%-. La única explicación es que las bases tributarias escapan a tributación y los beneficios fiscales reducen la tributación efectiva. Por ello, el sistema tributario español no es eficaz.

Julio Salazar ha destacado que son necesarias una serie de reformas para hacer frente al desafío de tener un sistema fiscal que sea suficiente, en el que los ingresos sean igual a gastos, a lo largo del ciclo económico, con una partida de gastos e inversiones públicas que den cobertura a las actuales insuficiencias en materias como dependencia, educación, sanidad, I+D+I, empleo, inversiones, etc.

Por otro lado, buena parte de la insuficiencia del actual sistema fiscal viene determinado por el fraude fiscal, por la construcción de unas figuras impositivas que permiten la elusión fiscal, y por tener bases impositivas y tarifas no acordes con la generación de rentas y riqueza. “El sistema fiscal actual español, en conjunto, no es equitativo, ya que no pagan lo mismo las rentas originadas por trabajar que las procedentes del capital, siendo además escasamente progresivo. Por todo ello, necesitamos una reforma fiscal a fondo que busque que las personas coticen en función de su renta real. Se hace más necesario que nunca una mejor y más justa redistribución de la riqueza”, argumenta el Secretario General de USO.

Además, nuestro sistema tributario es extremadamente complicado con un legislador estatal y 17 comunidades autónomas con potestades legislativas en materia fiscal (sin contar las potestades regulatorias de los entes locales sobre los impuestos y tasas que les son propios), los cuales modifican la normativa tributaria constantemente. La inseguridad jurídica en materia fiscal desincentiva la inversión y aumenta las posibilidades de defraudación. Así, nuestro sistema impositivo no es eficiente.

También, nuestros impuestos contienen innumerables normas que atacan de frente la equidad en el reparto de las cargas tributarias. “¿Por qué existen los beneficios fiscales a los planes de pensiones si es una medida totalmente regresiva porque a igualdad de aportaciones supone mayor beneficio cuanto mayor sea la renta? ¿Qué argumento tributario existe para defender la aplicación de esquemas como el taxlease que permiten a multinacionales pagar menos impuestos en España por el mero hecho de invertir? Nuestro sistema fiscal esconde muchas trampas que desvirtúan cualquier criterio coherente de reparto equitativo de las cargas tributarias. De modo que nuestro sistema impositivo no es justo”, concluye Julio Salazar.

Catalunya Obrera Nº 83

Un manifiesto exige el "derecho a decidir" el modelo de sanidad pública

Varias organizaciones firman el documento, que se muestra crítico con la sectorial de salud del ANC, a favor de mantener el modelo catalán de consorcios en el "futuro de Cataluña".

Ocupación del hospital Can Ruti de Badalona. . /CARMEN SECANELLA

Desde que comenzaron los recortes presupuestarios por parte de la Generalitat, la defensa de la sanidad pública ha sido -junto con el proceso soberanista- un tema central de la agenda política catalana. Es en este contexto que diferentes movimientos sociales han publicado un manifiesto para reclamar el derecho a decidir también sobre el futuro de la sanidad pública catalana que resume las principales reivindicaciones actuales.

El documento -firmado entre otros por representantes de Dempeus per la Salut Pública, del centro de investigación greda-Emconet, de la ONG Sicom y los editores de la revista CafeambLlet- reclama un sistema sanitario 100% público. Es decir, que recomienda terminar con el modelo específicamente catalán de los centros concertados, donde se han concentrado en los últimos años los escándalos de corrupción y de confusión de intereses. "La colaboración pública-privada existente debe ir reduciendo su ámbito hasta su total separación y definitiva eliminación, ateniéndose mientrastanto a los intereses de la sanidad pública", afirman los firmantes.

En este sentido, el documento es una respuesta a la sectorial de sanidad de la Asamblea Nacional de Catalunya, que defendió recientemente el modelo catalán de consorcios. De hecho, este manifiesto no es la única voz en contra de la posición de la ANC que se ha expresado en los últimos días. Ayer el grupo de sanidad de Podemos Catalunya también se puso en contra, como también lo hizo el sindicato alternativo IAC. La sectorial de sanidad de la ANC se presentó oficialmente el mes pasado en el Colegio de Médicos. Llamó la atención que la presentación se hizo a cargo de la Dra. Helena Ris, directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales -organismo dirigido previamente por el actual conseller Boi Ruiz.

Los autores del manifiesto también exigen la restauración de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, que tenía hasta el año pasado una personalidad jurídica y trabajaba así de manera independiente con una vocación interdepartamental. Una ley impulsada por el Gobierno la degradó y la colocó bajo el control de la secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.

Por otra parte, los firmantes se oponen a cualquier copago en el sistema sanitario y abogan por una mayor participación de los usuarios en la gestión de la sanidad. También reclaman que la sanidad pública permita la interrupción voluntaria del embarazo.