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sábado, 2 de marzo de 2013
lunes, 18 de febrero de 2013
sábado, 16 de febrero de 2013
La Generalitat maneja un informe que prevé privatizar 18 hospitales
La Generalitat maneja un informe que prevé privatizar 18 hospitales
El plan propone vender entes públicos tras ser convertidos en empresas
ORIOL GÜELL / JESSICA MOUZO QUINTÁNS Barcelona 11 FEB 2013 - 00:02 CET
EL PAÍS
La Generalitat de Cataluña tiene en sus despachos un plan privatizador de la sanidad pública que, de llevarse a cabo, dejará en manos de empresas con afán de lucro al menos 13 grandes instituciones sanitarias públicas. Estas entidades, principalmente consorcios, tienen asignada una población de más de dos millones de habitantes y, en su conjunto, gestionan 18 hospitales, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador del plan —titulado Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat—, fechado en junio de 2011, y que también prevé la venta de entidades públicas. El documento ha sido redactado por la consultoraPricewaterhouseCoopers (PWC) e incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales...—. Los autores también dejan caer un consejo: “Nuestra recomendación es una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan.
Las entidades cuya gestión es susceptible de ser privatizada, según el documento, son los consorcios de Terrassa, Sabadell, Maresme (Mataró), Vic, L'Anoia (Igualada), L'Alt Penedès, Integral (en el Baix Llobregat), además de los hospitales barceloneses Clínic, Sant Pau, Mar y Pere Virgili, entre otros.
Preguntado sobre el documento, el Departamento de Salud de la Generalitat asegura que se trata solo de un “planteamiento teórico” y rechaza que vaya a “privatizar ninguna empresa pública o consorcio”. Salud, sin embargo, no ofrece una respuesta clara sobre las razones por las que encargó el documento y asegura, en contra de lo que dice el propio texto, que este surgió de “una propuesta de PWC”. La Generalitat se ha negado a informar del coste del plan para las arcas públicas.
Esta es la segunda filtración en 14 meses de documentos que señalan hacia la privatización del sistema sanitario catalán, cuyo consejero, Boi Ruiz, procede de la patronal Unió Catalana d’Hospitals. En octubre de 2011, este diario avanzó otro plan —La gobernanza del ICS— que preveía trocear el Instituto Catalán de la Salud —que agrupa los ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención primaria que gestiona la Generalitat— en 20 sociedades que iban a ser abiertas al capital privado. Salud negó entonces que pensara aplicarlo en ese sentido. La división del ICS ya ha empezado, aunque las nuevas sociedades hijas siguen siendo, hasta la fecha, enteramente públicas.
En la peculiaridad del sistema sanitario catalán, ambos planes son complementarios y ofrecen a la Generalitat —gobernada por CiU— una hoja de ruta bien definida hacia una masiva entrada del capital privado en la sanidad pública catalana, cuya principal característica es la separación entre quién la financia —elCatSalut, organismo del Departamento de Salud— y quién presta la asistencia, los denominados proveedores. Entre ellos está el ICS, pero también un amplio abanico de entidades públicas y privadas que cuentan con plena autonomía de gestión.
Aunque Salud reniegue de ellos, los dos documentos filtrados dan respuesta a lo que para sus responsables políticos son los dos grandes problemas de la sanidad catalana actual. El primero es el gran tamaño y la supuesta rigidez de gestión del ICS, heredero de la vieja Seguridad Social que gestionaba los hospitales españoles. De ahí el deseo en La gobernanza del ICS de trocear e introducir nuevas formas de gestión en él.
El segundo problema que los responsables sanitarios ven al sistema tiene que ver con la deuda pública y la situación laboral de sus trabajadores. En su origen, las deudas de consorcios y empresas públicas sanitarias no computaban como de la Generalitat. Tampoco las condiciones de sus trabajadores eran equiparables con la de los funcionarios del ICS. Pero esta situación ha cambiado con la normativa europea de contabilidad y la creciente equiparación de condiciones para todos los empleados sanitarios, como se ha visto con la aplicación universal de la reducción salarial del 5%.
Para PWC, ambas tendencias “atentan contra los principios fundacionales” del sistema catalán y se impone como objetivo hallar fórmulas que devuelvan a los hospitales tal autonomía que rompa la equiparación laboral y evite a la Generalitat asumir las deudas de los centros sanitarios.
La cuestión es que ello es imposible sin recurrir a una doble estrategia de privatización que, por un lado, pasa por vender empresas públicas y, por otro, por entregar a la gestión privada los hospitales cuya venta no es posible cuando, por ejemplo, el edificio es propiedad de otras instituciones como Ayuntamientos o la Seguridad Social. Y es aquí donde confluyen los dos planes de los que reniega Salud, ya que la fórmula sería aplicable tanto a consorcios como a las sociedades hijas del ICS.
La venta de organismos públicos debe hacerse, según PWC, en dos fases. “El primer paso consiste en transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles” propiedad del CatSalut. Luego, “el CatSalut podrá (...) enajenar los títulos de la sociedad o incluso perder su posición mayoritaria para dar entrada a terceros”. Para ello, PWC contempla dos posibilidades: la subasta pública o la enajenación directa, aunque señala que “la subasta pública es el procedimiento general”.
Para los hospitales, PWC propone la separación entre patrimonio y gestión, y la privatización de esta última. “Se pretende que el patrimonio siga en manos públicas y que la gestión de los servicios sanitarios se encomiende a un tercer gestor que asuma los riesgos \[y los beneficios\] de su explotación”. Tras analizar varias opciones, PWC se inclina por elegir la concesión administrativa y el concierto como fórmulas deseables ya que permiten “que las pérdidas que en su caso puedan derivarse no puedan computarse como deuda de la Generalitat”.
El documento llega incluso a plantear la duración de los contratos, que sería de “10 años salvo que dicho contrato comprenda también la ejecución de obras, en cuyo caso podría ser de hasta 50 años”.
La adjudicación de servicios públicos esenciales a operadores privados tiene, sin embargo, un riesgo que PWC no oculta: “Un concesionario deficitario puede poner en riesgo la salud de las personas, [por lo que] es lógico pensar que en ese supuesto la Generalitat intervendría rápidamente el servicio”. Esta última posibilidad —conocida como la “privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas”— es la que ha motivado que este tipo de concesiones hayan sido a menudo objeto de duras críticas.
Ruiz dice que el informe de privatización lo hizo la consultora sin encargo alguno
Ruiz dice que el informe de privatización lo hizo la consultora sin encargo alguno
"Fue una propuesta que fue rechazada", asegura el consejero de Salud
La oposición reprocha al consejero catalán su sumisión a las consultoras externas
El documento hace referencia a una "carta de contratación" entre Salud y la asesora
MIQUEL NOGUER Barcelona 13 FEB 2013 - 11:25 CET
El consejero de Salud, Boi Ruiz. / CARLES RIBAS
El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, se ha desvinculado hoy por completo del informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) que esboza la privatización de 13 grandes instituciones catalanas públicas. En respuesta al diputado de la CUP David Fernàndez, Ruiz ha afirmado hoy que el informe lo hizo la consultora por iniciativa propia. “Este informe es como otros informes que envían las consultoras como propuestas, y en este caso la propuesta no fue aceptada”, ha asegurado Ruiz. También en sede parlamentaria y a preguntas del diputado de Iniciativa Josep Vendrell, el consejero se ha comprometido a “asumir responsabilidades políticas” si se demuestra que el informe fue encargado o pagado por su departamento.
Durante la sesión quincenal de control al Gobierno, Vendrell ha exigido al consejero que diera cuenta de quién encargó y cuánto costó el informe desvelado por EL PAÍS. Ruiz ha respondido que “nadie encargó” el documento y que “no se aplicará nada de lo que detalla el documento”, al tiempo que recordaba que el informe es de 2011. Molesto con la respuesta del consejero, Vendrell ha ironizado asegurando que el documento es un “informe mágico” y se ha preguntado si la consultora trabajó gratuitamente. Vendrell ha acusado al consejero de querer privatizar la sanidad catalana.
El diputado de la CUP, David Fernández, ha exigido a Ruiz y al Gobierno catalán que dejen de trabajar con las consultoras que hacen este tipo de trabajos y dan recomendaciones sin que nadie se las pida. “Dejen de trabajar con ellas, ¿quién se creen que son? ¿que gobiernan el país?” ha dicho. “Estamos hartos de encontrarnos con informes de PricewaterhouseCoopers del señor Joaquim Triadú [exsecretario de Presidencia] y de Deloitte de David Madí [exdirigente de CiU]; les pedimos que rescindan cualquier contrato con estas consultoras”.
El comitè d'empresa de l'Hospital de Terrassa vol la dimissió del gerent
El comitè d'empresa de l'Hospital de Terrassa vol la dimissió del gerent
Les set forces sindicals demanen a Pere Vallribera que renunciï al seu càrrec al capdavant del Consorci Sanitari de Terrassa
Aquest divendres, 15 de febrer, el Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha presentat davant la Gerència del CST la sol·licitud de dimissió del Dr. Pere Vallribera com a Gerent del CST. En reunió plenària celebrada el dijous i per unanimitat, les set forces sindicals amb representació al Comitè d’Empresa del CST van adoptar aquesta decisió.
El Comitè d’Empresa considera com a "greus esdeveniments" tot el que ha succeït els darrers mesos, agreujant-se les darreres setmanes amb tot el "culebrot" que s’ha organitzat arran l’anunci fet pel mateix Dr.Vallribera conforme abandonava el càrrec al CST per a dirigir SAGESSA a Reus i el seu posterior desdit.
El Comitè d’Empresa entén que una persona que manifesta en un mitjà de comunicació que "pel Consorci és un bon moment de canvi de lideratge" i que "per a mi també és bo aquest canvi", cas de quedar-se dirigint el CST, ho farà en una situació absoluta de provisionalitat, per la qual cosa pot ser perjudicial.
A tot això, s'afegeix les ombres de sospita que han recaigut sobre el CST i en la persona del Dr.Vallribera arran de la sortida a la llum d’escàndols de corrupció com el cas Crespo o el cas Telefónica, en què presumptament pot existir implicació personal o institucional. El Comitè d’Empresa ha demanat explicacions, que no han estat "convincents".
En l’escrit que li fa arribar el Comitè d’Empresa del CST a la Gerència, també s’argumenta la percepció d’un sobredimensionament permanent i amb connotacions de "tracte de favor" de determinades estructures directives del CST, que el Comitè d’Empresa titlla com a "manca de transparència i opacitat", a més de considerar que "no s’ha valorat la capacitat i entrega reals dels i de les professionals del CST".
Finalment, el Comitè d’Empresa posa en dubte la capacitat de l’actual Gerent per liderar el projecte del CST deguda a la seva "mala gestió en èpoques de bonança". Dilluns 18 de febrer s’entregarà una instància adreçada al Conseller de Salut, Boi Ruiz i a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, com a màxims representants de les entitats que participen a la Junta de Govern del CST, per tal de fer-los arribar aquesta petició i per a sol·licitar una reunió per parlar d’aquests i altres temes.
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